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Los intentos por desfinanciar al Estado, en cifras

Si analizamos los proyectos presentados en este año por el denominado “Grupo A”, podemos corroborar que buena parte de los mismos presentan una característica común: buscaban desfinanciar al Estado.

Veamos:

• Impidieron la creación del Fondo del Bicentenario y quisieron impedir el pago de deuda externa con reservas [acá un excelente análisis]. Hubieran significado 6.600 millones de dólares o 26.400 millones de pesos de gastos adicionales del Presupuesto (1).

• Quisieron aumentar la coparticipación del impuesto al cheque, desde 30 a 54%. Hubiera significado 8.200 millones de pesos que el Estado nacional dejaba de recibir (2).

• Quisieron eliminar completamente las retenciones a la soja [sí, se impuso el dictamen de CRA en la oposición]. Hubiera significado 6.400 millones de dólares o 25.600 millones de pesos que se dejaban de percibir según cálculos conservadores (3). El vicepresidente de CRA eleva esta cifra a 8.000 millones de dólares, es decir, 32.000 millones de pesos (4).

• El último intento de desfinanciar al Estado fue el 82% móvil, que aumentaba 32% a la mínima y entre 100 y 1500% a las jubilaciones altas, y que no especificaba la fuente de financiamiento incumpliendo la Ley 24156. Hubiera significado por lo menos 40.000 millones de pesos [sin contar el recálculo de las jubilaciones altas, lo que podría llevar la cifra a 60.000 millones] (5).

O sea que tomando siempre los cálculos más conservadores, la oposición intentó desfinanciar al Estado nacional en 100 mil millones de pesos [aproximadamente 8% del PBI].

Para que nos demos una idea, el Presupuesto 2010 estimaba ingresos corrientes por 350 mil millones de pesos. La oposición intentó desfinanciar al Estado por 100 mil millones de pesos, lo que equivaldría a quitarle casi el 30% de los ingresos.

Notas:

(1) Decreto de creación del Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad. Publicado por el portal InfoP.

(2) Cálculos del senador Rubén Giustiniani, según el artículo La oposición busca $8.200 M más para las provincias con el impuesto al cheque, publicado por FortunaWeb. El mismo artículo indica que consultoras privadas elevan esta cifra a 10.400 millones de pesos. Decidí tomar siempre las cifras más conservadoras.

(3) Retenciones: la soja le dejará al Estado US$ 6.300 millones. Publicado por Marca Líquida.

(4) Aseguran que las retenciones a la soja dejarán unos US$ 8.000 millones. Publicado por iEco.

(5) Ibamos a un sistema más regresivo. Publicado por Página 12.


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En este artículo se detalla de una forma más extensa los principales problemas que presentaba el proyecto de ley que fue aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores, y posteriormente vetado por el Poder Ejecutivo. Resumiendo:

Incremento de la desigualdad, ya que las diferencias de ingresos de los trabajadores activos se trasladaban a la clase pasiva, incluso profundizándose la brecha.

Según un minucioso informe de la ANSES, mientras el piso jubilatorio hubiera aumentado un 37%, las jubilaciones más altas se hubieran incrementado más del 80%, llegando a picos de hasta 1000% de aumento.

Falta de especificación del financiamiento. La ANSES calculó que el costo de la aplicación para el año 2011 sería de por lo menos 40.000 millones de pesos. Esta cifra no tiene en cuenta el recálculo de haberes dispuesto por el artículo 5 de la ley vetada, que incrementaría el costo significativamente.

Vale aclarar que la ANSES cuenta con un superávit de 9.644 millones de pesos para 2011, que se hubiera convertido en un déficit de 30.100 millones de pesos de haber sido aprobada la ley. Es decir que necesariamente la aplicación de esta ley hubiera llevado al quiebre del sistema previsional en el corto plazo.

Además, la falta de especificación del financiamiento convertía a la ley aprobada en las Cámaras en inconstitucional, ya que incumplía con la Ley 24.156 [Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional], que dicta en su artículo 38:

Artículo 38.- Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.

Mi opinión: Yo creo que la única intención de esta movida político-mediática era hacer pagar un costo político al gobierno, ya que la falta de sustento del proyecto obligaban a vetarlo. Sin embargo, este show en el que participaron la oposición [incluyendo a la centroizquierda, cada vez más penosa] y los grandes medios formadores de opinión, les salió demasiado burdo y nadie se creyó el cuento. De hecho, hasta los lectores de Clarín consideraron que el proyecto no era aplicable [ver imagen de la encuesta, que no duró más que unas pocas horas en el sitio web de Clarín].


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La posición de la ANSES sobre el 82% móvil


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